En sesión especial de este viernes, el Concejo Deliberante de Morteros aprobó la emergencia económica, financiera y administrativa a raíz del cuatro actual del municipio.

Según se indicó, de acuerdo al acta de transferencia administrativa, “surge en la caja la suma negativa de $9.629.945, las deudas que se computaron no reflejan la realidad de la Municipalidad de Morteros, existen 693 órdenes de trabajo y/o provisión de elementos emitida por la gestión anterior sin determinar el completo de dichos montos al momento de hacer el traspaso de mando, hechos que en los días siguientes los proveedores comenzaron a presentar las facturas de dichas órdenes, contratos con profesionales que no se encuentran saldados con deudas atrasadas, sin fondos para hacer frente al pago del aumento salarial otorgado por la gestión anterior correspondiente al mes de noviembre como así tampoco cumplir con el pago de los salarios y aguinaldo correspondiente al mes en curso, además se han presentado otros acreedores no denunciados en el acta de transferencia quienes iniciaron el trámite administrativo para su cobro”.

“La iniciativa, que fue elevada al cuerpo por el intendente Sebastián Demarchi, tendrá una vigencia de seis meses, desde este viernes 22 de diciembre de 2023 hasta el 30 de junio de 2024.

La medida fue aprobada por los ediles del oficialismo y de Juntos por el Cambio, aunque pidieron aclarar algunos puntos referidos a los fondos y números de los que habla el Ejecutivo. Por su parte, Ider Peretti de Unidos por Morteros se abstuvo.

Entre los principales objetivos que plantea el estado de emergencia, se destacan:

-Contener el gasto público

-Mejorar el flujo de aportes al Municipio por parte de los contribuyentes y otros estamentos del estado municipal

-Disponer la renegociación o rescisión de contratos y convenios por locación de obras o servicios.

-Realizar convenios de recaudación con instituciones y/o personas jurídicas para facilitar las cobranzas.

-Utilizar temporalmente todo fondo asignado previamente a otros fines para permitir la disponibilidad de las partidas necesarias hasta la superación de la emergencia.

-Asegurar la prestación de los servicios públicos y funciones esenciales del estado municipal.

El proyecto plantea la revisión de la totalidad de los contratos referidos a compras y contrataciones de bienes, servicios, suministros y obras públicas, celebrados con anterioridad a la vigencia de esta ordenanza y que se encuentran en curso; renegociar los cánones y contraprestaciones ya establecidas por el uso de bienes del dominio municipal y limita la ejecución de las partidas publicaciones y propaganda.

En cuanto a la deuda municipal, toda persona física o jurídica privada que se pretenda acreedora de la Municipalidad por obligación contraída antes del 11 de diciembre, vencida o no, deberá solicitar su verificación ante el Departamento Ejecutivo antes del 30 de abril de 2024.

Por otra parte, se faculta a crear una Dirección de Gestión y Auditoría Interna permanente con el objetivo de examinar y dictaminar sobre las actividades financieras y administrativas internas del municipio.

También se autoriza al DE a contratar estudios de consultoría y auditoria con personas físicas jurídicas, organismos públicos o privados, a los fines de determinar directivas tendientes al control jurídico, al control del gasto público municipal y a la adopción de medidas que mejoren la contabilidad del municipio y permitan superar la crisis económica existente.

Asimismo, podrá reducir o suspender las horas extras y el otorgamiento de adicionales al personal municipal de planta permanente o contratado durante la vigencia de la presente Ordenanza.

Por último se faculta al intendente la toma de préstamos ante entidades financieras, públicas, privadas, locales, provinciales o nacionales donde el monto no podrá superar la deuda total y a solicitar adelantos de coparticipación cuyos montos no podrán superar el doble de la coparticipación correspondiente al mes inmediato anterior.